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Ambas partes y los jueces del Noveno Circuito acordaron durante una audiencia efectuada el martes por la tarde que no había nada que la corte pueda hacer para este ciclo electoral en lo que concierne a dos leyes electorales del 2022 que se han disputado.
Las leyes en cuestión requerirían prueba de ciudadanía para los votantes registrados en el estado y le restringirán el voto presidencial a los votantes de Arizona que se registraron con un formulario electoral sólo federal.
Kory Langhofer representó al presidente republicano del Senado, Warren Petersen, y al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Ben Toma, en su apelación. El dijo que no hay tiempo suficiente en el proceso de apelación para que se produzca un fallo antes de esta elección.
“La Corte Suprema emitió su suspensión el día en que se imprimieron las boletas”, dijo Langhoffer. “Suspendieron lo que suspendieron. No incluyó la prestación de voto por correo ni la prestación presidencial. Así que, en lo que a mí respecta, esas cuestiones han desaparecido para esta elección. No hay necesidad de apurarse al respecto”.
El Comité Nacional Republicano le pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que dejara en pausa el fallo de un tribunal inferior que se había emitido en contra de las leyes del 2022. El tribunal superior del país emitió un fallo confuso el mes pasado que permitía la prueba de ciudadanía para los votantes que se registraron con un formulario estatal en estas elecciones, pero detenía la restricción que los votantes sólo federales no pudieran votar para presidente.
Los alegatos de hoy de Mi Familia Vota enfatizaron que la prueba documental de ciudadanía sólo penalizará a los nuevos registrados. Danielle Lang, una abogada que representa a los apelados, argumentó que el reglamento no aplicaría a todos los registros que ya se han realizado.
“No se tratan de la misma manera debido a la forma en que se registraron”, dijo Lang. “Así que es una circunstancia completamente diferente a una regla de voto por correo que requería (prueba documental de ciudadanía) para todos los que quieran votar por correo”.
El abogado Jonathan Backer representó a Estados Unidos en lo que respecta a las provisiones sobre el voto presidencial y por correo. Dijo que la ley estatal sólo acepta parcialmente el formulario federal cuando los estados tienen que aceptar el formulario federal como completo y suficiente como una solicitud de registro para votar.
“Dice, claro, nos registramos para votar. Pero como parte del proceso de registro, vamos a determinar que usted no es admisible para votar por correo y por lo tanto es contradictorio con el mandato de Aceptar y Usar”.
Backer también alegó que no es necesario solicitar el lugar de nacimiento de una persona al registrarse.
“Funcionario electoral tras funcionario electoral dijo que el lugar de nacimiento no se utiliza para determinar las cualificaciones de los votantes en Arizona, y eso está respaldado por cuando se trata de la ciudadanía. Usted ya tiene la prueba documental de ciudadanía (DPOC, por sus siglas en inglés) para todos los votantes de forma estatal, por lo que no hay necesidad de preguntar más”. Langford no está de acuerdo.
“Ese tipo de alegato con solución mágica podría acabar con todas las reformas electorales”, dijo Langford. “Ese no puede ser el método adecuado. No es la doctrina. Es una especie de truco retórico”.
Promise Arizona, parte demandada en el caso, argumentó que el tribunal debería determinar que hubo intención discriminatoria al crear estas leyes, cuestión que el tribunal de distrito no aceptó.
“Hubo un ambiente de acusaciones sin fundamento de que las personas no sólo son ciudadanos registrados para votar, sino que son inmigrantes ilegales tratando de votar”, dijo el abogado Ernest Herrera. “No ha aparecido ninguna prueba de voto de no ciudadanos, con la excepción de un par de casos en los últimos 20 años”.
Herrera recordó una ocasión en la que el senador republicano Sonny Borelli le dijo al senador demócrata Martin Quezada que era la gente de su vecindario la que estaba haciendo esto y que por eso era necesario aprobar la ley. El año pasado, Capitol Media Services reportó que Borelli negó esas declaraciones y que Quezada estaba “alucinando o inventandolas por completo para obtener beneficios políticos”.
Jassmin Nolasco Tovar tradujo este artículo. Es estudiante de traducción e interpretación de español en la Universidad de Arizona.
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